El poder se presenta a través de una invisible decisión, por la subordinación de voluntades o por que así está escrito.
Decía Kautilya Chanakya, hace 2300 años, que “la flecha disparada por el arquero podrá matar o no a una única persona. Pero las estratagemas urdidas por el hombre sabio pueden matar incluso al niño en el vientre de su madre”. Podría ser una manera de definir lo que es el poder. O también podríamos recordar al sociólogo Talcott Parsons cuando dice que “el poder se usa para referirse a la capacidad de una persona o grupo, para imponer de forma recurrente su voluntad sobre otros”. O simplemente podemos recurrir al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando dice, en su inciso I, que “los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”.
A pesar de que en la Roma de los césares ya existían organizaciones políticas vinculadas al poder, los partidos políticos se originaron en el siglo XVII, aunque es hasta el XIX donde adoptan plenamente el sentido y significado que hoy conocemos. Se dice que fue en Gran Bretaña donde los partidos políticos modernos surgieron.
Igual sucedió en México: en el siglo XIX se luchaba por el poder a través de dos partidos: el liberal y el conservador. Posteriormente vendría la Revolución de 1910, la Constitución Política de 1917, la formación del proscrito Partido Comunista Mexicano en 1919 (viejo antecedente del Partido de la Revolución Democrática), la creación del Partido Nacional Revolucionario (antecedente del Partido Revolucionario Institucional) en 1929 y la formación del Partido Acción Nacional en 1939.
En la década de los 40s algunos partidos se transforman o se crean nuevas organizaciones: el Partido de la Revolución Mexicana (posteriormente PRI), el Partido Popular (luego PPS), Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), Partido Laborista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Varias décadas después, luego de los acontecimientos de 1968, desaparecen unos partidos y aparecen otros: PRT, PMT, PSUM, PLM, FCRM, PST, PRD, PT, PVEM, PDS, PCD, PAS, PMP, Convergencia, PSD, PNA…
Antes de la Revolución Mexicana, la lucha por el poder no era real y formalmente entre partidos políticos, sino entre facciones. La independencia de México había dejado el campo abierto para que el control del poder en México fuera entre dos grupos que experimentaban con caciques, caudillos, el ejército, la iglesia, alianzas con el extranjero…; fueron años de conflictos, donde el consenso no se conoció. El XIX fue difícil y salvo lo avanzado de las Constituciones, la construcción de la democracia no era una práctica, ni una preocupación común.
Tal vez la contienda electoral en los años 40s donde participaron Almazán Andrew, por el PRUN y Ávila Camacho por el PRM, fue el primer indicio de una real lucha partidista. A pesar de los agrios acontecimientos (represión, muertos y hasta una petición de ayuda de Almazán a EUA), por primera vez después de la Revolución se compitió seriamente por el poder a través de los partidos. Posteriormente vendría una larga etapa donde el pluralismo de partidos fue limitado y se mantuvo la hegemonía de uno de ellos.
1988 es un año donde la contienda electoral fue muy reñida y dejó tanta insatisfacción social que las reglas del juego tuvieron que ser cambiadas con la ciudadanización del árbitro de la competencia: en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral y en 1996 adquiere plena autonomía. La reforma política que en 1977 había logrado Jesús Reyes Heroles, donde se daban las condiciones para una mayor participación de las minorías políticas en el poder legislativo y creado algunos mecanismos de mayor competencia electoral, no habían sido suficientes. Se adopta un sistema electoral mixto. Ahora sí se avanza en tener un mejor sistema de partidos.
En los años 90s la política y la economía ya eran un binomio inseparable. Desde la administración de José López Portillo, la economía era un asunto muy volátil y explosivo que sólo fue amortiguada por la reforma política de 1977; de no hacerlo así, la inestabilidad social hubiese sido mayor e incontrolable para el gobierno. A lo largo de la última década del siglo XX los efectos de una economía global adquirieron mayor presencia en la vida cotidiana del ciudadano y de la política. Ya no se gobernaba con los discursos estabilizadores, ahora las decisiones políticas se vinculaban con mayor evidencia a medidas que tocaban las tendencias de la macroeconomía y el bolsillo de la microeconomía.
Tal vez por ello, la crisis económica de 1994 y el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio -sumado al ambiente creado por los acontecimientos político-sociales del levantamiento indígena en Chiapas, el asesinato de Donaldo Colosio, y a los desacuerdos al interior de la cúpula del PRI, entre tradicionalistas y tecnócratas- contribuyeron en gran medida a que la alternancia del partido en el poder se diera en el año 2000.
Llegamos al 2006. Se presenta una fuerte crisis de credibilidad hacia la institución electoral, luego de los resultados tan reñidos entre dos candidatos a la Presidencia de la República. Se habla con fuerza de un fraude y la ausencia de instrumentos legales por parte de la autoridad electoral para dar respuesta al reclamo son evidentes. Casi de inmediato se presenta en el 2007 una reforma electoral constitucional que pretende solventar las inconsistencias, excesos y vacíos existentes en la reglamentación electoral. Se establecen nuevas obligaciones a los partidos políticos, nuevas formas de tener acceso a los medios electrónicos de comunicación, nuevas atribuciones al IFE, nuevos ordenamientos para realizar las campañas electorales y nuevas reglas para el proceso electoral, específicamente para los cómputos distritales.
Ahora estamos en el 2009. Han pasado unas horas de la jornada electoral para elegir a quienes formarán parte de uno de los poderes constitucionales: el legislativo.
Es un día después de unas elecciones que ponen a prueba las recientes reformas electorales en México y que ahora se enfrentan a una ciudadanía más atenta y exigente.
Ha sido fuerte e importante una campaña paralela a la de los partidos políticos que buscó, en la anulación del voto, una forma de protestar, de inconformarse. La Ciudadanía quiere crecer, desea que los partidos asuman una de sus funciones sociales: que representen sus intereses. Ese es el mensaje.
Decía Kautilya Chanakya, hace 2300 años, que “la flecha disparada por el arquero podrá matar o no a una única persona. Pero las estratagemas urdidas por el hombre sabio pueden matar incluso al niño en el vientre de su madre”. Podría ser una manera de definir lo que es el poder. O también podríamos recordar al sociólogo Talcott Parsons cuando dice que “el poder se usa para referirse a la capacidad de una persona o grupo, para imponer de forma recurrente su voluntad sobre otros”. O simplemente podemos recurrir al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando dice, en su inciso I, que “los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”.
A pesar de que en la Roma de los césares ya existían organizaciones políticas vinculadas al poder, los partidos políticos se originaron en el siglo XVII, aunque es hasta el XIX donde adoptan plenamente el sentido y significado que hoy conocemos. Se dice que fue en Gran Bretaña donde los partidos políticos modernos surgieron.
Igual sucedió en México: en el siglo XIX se luchaba por el poder a través de dos partidos: el liberal y el conservador. Posteriormente vendría la Revolución de 1910, la Constitución Política de 1917, la formación del proscrito Partido Comunista Mexicano en 1919 (viejo antecedente del Partido de la Revolución Democrática), la creación del Partido Nacional Revolucionario (antecedente del Partido Revolucionario Institucional) en 1929 y la formación del Partido Acción Nacional en 1939.
En la década de los 40s algunos partidos se transforman o se crean nuevas organizaciones: el Partido de la Revolución Mexicana (posteriormente PRI), el Partido Popular (luego PPS), Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), Partido Laborista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Varias décadas después, luego de los acontecimientos de 1968, desaparecen unos partidos y aparecen otros: PRT, PMT, PSUM, PLM, FCRM, PST, PRD, PT, PVEM, PDS, PCD, PAS, PMP, Convergencia, PSD, PNA…
Antes de la Revolución Mexicana, la lucha por el poder no era real y formalmente entre partidos políticos, sino entre facciones. La independencia de México había dejado el campo abierto para que el control del poder en México fuera entre dos grupos que experimentaban con caciques, caudillos, el ejército, la iglesia, alianzas con el extranjero…; fueron años de conflictos, donde el consenso no se conoció. El XIX fue difícil y salvo lo avanzado de las Constituciones, la construcción de la democracia no era una práctica, ni una preocupación común.
Tal vez la contienda electoral en los años 40s donde participaron Almazán Andrew, por el PRUN y Ávila Camacho por el PRM, fue el primer indicio de una real lucha partidista. A pesar de los agrios acontecimientos (represión, muertos y hasta una petición de ayuda de Almazán a EUA), por primera vez después de la Revolución se compitió seriamente por el poder a través de los partidos. Posteriormente vendría una larga etapa donde el pluralismo de partidos fue limitado y se mantuvo la hegemonía de uno de ellos.
1988 es un año donde la contienda electoral fue muy reñida y dejó tanta insatisfacción social que las reglas del juego tuvieron que ser cambiadas con la ciudadanización del árbitro de la competencia: en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral y en 1996 adquiere plena autonomía. La reforma política que en 1977 había logrado Jesús Reyes Heroles, donde se daban las condiciones para una mayor participación de las minorías políticas en el poder legislativo y creado algunos mecanismos de mayor competencia electoral, no habían sido suficientes. Se adopta un sistema electoral mixto. Ahora sí se avanza en tener un mejor sistema de partidos.
En los años 90s la política y la economía ya eran un binomio inseparable. Desde la administración de José López Portillo, la economía era un asunto muy volátil y explosivo que sólo fue amortiguada por la reforma política de 1977; de no hacerlo así, la inestabilidad social hubiese sido mayor e incontrolable para el gobierno. A lo largo de la última década del siglo XX los efectos de una economía global adquirieron mayor presencia en la vida cotidiana del ciudadano y de la política. Ya no se gobernaba con los discursos estabilizadores, ahora las decisiones políticas se vinculaban con mayor evidencia a medidas que tocaban las tendencias de la macroeconomía y el bolsillo de la microeconomía.
Tal vez por ello, la crisis económica de 1994 y el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio -sumado al ambiente creado por los acontecimientos político-sociales del levantamiento indígena en Chiapas, el asesinato de Donaldo Colosio, y a los desacuerdos al interior de la cúpula del PRI, entre tradicionalistas y tecnócratas- contribuyeron en gran medida a que la alternancia del partido en el poder se diera en el año 2000.
Llegamos al 2006. Se presenta una fuerte crisis de credibilidad hacia la institución electoral, luego de los resultados tan reñidos entre dos candidatos a la Presidencia de la República. Se habla con fuerza de un fraude y la ausencia de instrumentos legales por parte de la autoridad electoral para dar respuesta al reclamo son evidentes. Casi de inmediato se presenta en el 2007 una reforma electoral constitucional que pretende solventar las inconsistencias, excesos y vacíos existentes en la reglamentación electoral. Se establecen nuevas obligaciones a los partidos políticos, nuevas formas de tener acceso a los medios electrónicos de comunicación, nuevas atribuciones al IFE, nuevos ordenamientos para realizar las campañas electorales y nuevas reglas para el proceso electoral, específicamente para los cómputos distritales.
Ahora estamos en el 2009. Han pasado unas horas de la jornada electoral para elegir a quienes formarán parte de uno de los poderes constitucionales: el legislativo.
Es un día después de unas elecciones que ponen a prueba las recientes reformas electorales en México y que ahora se enfrentan a una ciudadanía más atenta y exigente.
Ha sido fuerte e importante una campaña paralela a la de los partidos políticos que buscó, en la anulación del voto, una forma de protestar, de inconformarse. La Ciudadanía quiere crecer, desea que los partidos asuman una de sus funciones sociales: que representen sus intereses. Ese es el mensaje.
Las otras funciones sociales de los partidos: la socialización política y la movilización de la opinión pública, no están en juego por el momento. Pero es importante atender los resultados que hoy conoceremos -especialmente la abstención y la anulación del voto-, pues, de lo contario, se está en una situación frágil, de riesgo de la legitimación del sistema político y del poder.
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