La Reforma Política II

Creo en un sistema democrático, pero también observo que nuestro sistema presidencialista, desde hace 13 años tiene algunos problemas. Va un paso para adelante y dos para atrás, parece maoísta. Esa forma de andar se debe en gran medida a las demasiadas ganas que se traen el Ejecutivo y el Legislativo. No avanzamos.

Todo se discierne en torno al modelo del presidencialismo: es un parto o un aborto. Aquel presidencialismo ya no es el de ahora. Antes, el presidencialismo estaba ligado al partido hegemónico que controlaba todo, pero ahora parece que vive los mejores momentos del poder dividido.

Recordemos a Jorge Carpizo. Él bien caracteriza ese presidencialismo que llegó a ser hiperpresidencialismo en 1968.

1. El Presidente era también el jefe del partido en el poder y se apoyaba en sus conocidas centrales campesinas, obreras y populares.

2. El Legislativo era débil debido a que la mayoría de sus integrantes eran del partido dominante y la lealtad al Ejecutivo era la norma. En este punto se debe tener presente que el ideal de presidencialismo marca una independencia del Legislativo con el Ejecutivo. En este régimen se supone un grado de independencia de los diputados y senadores a sus partidos, todo lo contrario a un régimen parlamentario donde la unidad de acción de los legisladores es fundamental, ya que el gobierno depende de la mayoría del parlamento.

3. La concentración de los recursos económicos en la federación.

4. Las facultades constitucionales y metaconstitucionales de designar al sucesor y a los gobernadores.

5. El absoluto control sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la subordinación.

Bien. Ahora retomo los seis puntos que la iniciativa presidencial formuló y que me faltaban atender.

Sobre la propuesta de incrementar el porcentaje mínimo de votación para que un partido político nacional conserve su registro con un 4 % de la votación nacional emitida, mi postura es a favor. Más allá de la tradicional diferenciación ideológica entre partidos de izquierda y derecha, hoy en día existen otras dimensiones de definición, como es la laboral, la ambiental o la educativa. Sin embargo, los actuales siete partidos políticos nacionales caen en la clasificación que Giovanni Sartori llama de pluralismo polarizado, de gran fragmentación, y varios de ellos existen únicamente para la práctica electoral a través de coaliciones, muchas de ellas vergonzosas, sin mostrar su verdadera aceptación social. La baja credibilidad social que existe actualmente con el actual sistema de partidos es un referente que debe ser considerado.

En caso contrario, y para amansar algunas aguas, apoyaría la propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), de que sólo permanezcan aquellos partidos que tengan el 2 % de los votos emitidos en al menos dos terceras partes de las entidades federativas. Todos se cuelgan de las grandes ciudades para obtener votos para vivir, ahora se les pide mayor esfuerzo.

Respecto a incorporar la figura de las candidaturas independientes, permitiendo su postulación para todos los cargos de elección popular, mi postura es favorable a esta propuesta. Considero que se debe reformar el artículo 41 constitucional para permitir las candidaturas ciudadanas independientes. Sin embargo, se debe mejorar la propuesta y con ello evitar, por ejemplo, la candidatura de tránsfugas de partidos políticos, precisar la fuente de financiamiento de las campañas políticas, cuidando que los recursos provengan de fuentes lícitas y vigilar la imparcialidad de los medios de comunicación para coadyuvar en el equitativo y transparente cumplimiento del requisito de contar con el apoyo de por lo menos el 1% de los ciudadanos inscritos en padrón electoral del distrito correspondiente. Se deben colocar candados para evitar los posibles candidatos de los poderes fácticos: los de los caciques locales, el clero, las grandes empresas, el narcotráfico, los grandes sindicatos y los medios masivos de comunicación. También se debe analizar si estas candidaturas ciudadanas son pertinentes para las posiciones de presidente de la república y de gobernador. Como dato interesante, acá, en el Distrito Electoral II de Quintana Roo, se necesitará contar con el apoyo de 2 mil 230 personas para ser candidato ciudadano.

Refererente al punto de incorporar la figura de iniciativa ciudadana para permitir la presentación de propuestas de ley generadas en el seno de la sociedad, también mi postura es a favor. Es pertinente siempre y cuando la figura de iniciativa ciudadana cumpla con los requisitos que exige el Congreso para ser dictaminada y votada. Debe ser una facultad exclusiva del Poder Legislativo atender las iniciativas ciudadanas.

Sobre la propuesta de Felipe Calderón de otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia, mi postura es en contra. En aras de un federalismo, la Suprema Corte debe ceñirse a las controversias o acciones de inconstitucionalidad ya establecidas. Darle mayores atribuciones puede afectar la armonía con las entidades federativas en el ámbito de su soberanía. La Suprema Corte, tal y como señala el IIJ de la UNAM, no tiene elementos para determinar el equilibrio en materia concurrente entre el centro y la periferia, entre la federación y los estados. Debe cuidarse el federalismo a partir de equilibrios y competencias con los estados.

La idea de facultar al Presidente de la República para presentar en cada periodo ordinario de sesiones del Congreso un número determinado de iniciativas que deberán dictaminarse y votarse por medio de un trámite legislativo preferente no la veo mal, la apoyo. Se debe otorgar “preferencia al análisis discusión, dictamen y votación de las iniciativas de ley que presente el Presidente” y donde explícitamente solicite que sean discutidas de manera expedita. Sin embargo, tal y como señala la propuesta del IIJ de la UNAM, la iniciativa legislativa preferente deberá tener las modalidades de abierta y cerrada. La primera permitirá que la iniciativa sea enmendada en el Congreso y la iniciativa cerrada no debe permitir enmiendas del Poder Legislativo. Estoy a favor de un sistema de gobierno dividido, pero no de un sistema de gobierno bloqueado.

Sobre el punto de establecer de forma expresa en la Constitución la facultad del Ejecutivo Federal para observar, parcial o totalmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, debo decir que no cuenta con mi apoyo, Señor Presidente. Por el contario, tal y como señala el estudio del IIJ de la UNAM, se debe restituir al Senado la potestad constitucional de participar en la definición de los egresos de la federación. Se debe mantener la negociación del Ejecutivo con el Legislativo; es una característica de los poderes divididos. En todo caso se debe considerar la propuesta de elevar a Ley el presupuesto y de esta forma el posible veto presidencial debe ser claro y por la vía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ya termino, pero me queda un extraño sabor de boca. Con esta Iniciativa del Ejecutivo Federal tomé posturas. Me comprometí a decir lo que el titular del Instituto de Administración Pública me pidió que hiciera: “tu papel es la de un ciudadano, no la de un partido”. Así lo hice. Pero la mera verdad no sé, después de todo, si nuestro sistema político sigue o seguirá funcionado.

Desde 1917 se le han realizado 376 reformas a nuestra tercera Constitución. Y por momentos creo que deberíamos ir pensando en una nueva Constitución y en un nuevo sistema semipresdencialista o parlamentario. Partiremos de cero, como advierte Giovanni Sartori, pero bien vale la pena a los que les seguimos apostando a la democracia, esa que nos decepciona, pero que no traiciona.